Como casi no se acostumbra celebrar cabildos, los políticos que controlan el sistema en Costa Rica no se han puesto a meter tapujos o limitaciones a este tipo de participación ciudadana como sí lo han hecho con los referendos.  El código municipal sí los cita y no se celebran porque los ciudadanos no están conscientes de su existencia y para qué sirven.

Si los ciudadanos residentes en un cantón se convocan a un cabildo es como un referendo “exprés.” Quieren un nuevo parque, que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas el viernes santo, mover las paradas de autobús, en un cabildo se decide de una vez.  No hay apelaciones excepto constitucionales – un cabildo no puede abolir los derechos humanos. 

El cabildo es la institución más antigua de participación ciudadana de España. En 1248 se celebra un cabildo en Sevilla para decidir qué hacer con la mezquita de esa ciudad. La decisión fue la de convertirla en catedral de la religión católica romana.   Cuando Hernán Cortés llegó al mundo nuevo instituyó a los cabildos; generalmente a los indígenas no les permitían participar.

Los ingleses no quedaron atrás; se celebraban “town hall meetings” que fueron vinculantes para las autoridades.

Se debe notar que en 1821 fue el cabildo de Cartago que declaró la independencia de Costa Rica de España.  Pero después en el país el cabildo ha tenido más arraigo (de lo poquito que ha tenido) a nivel cantonal.

La democracia ha sido atropellada poco a poco desde que se redactó la Constitución Política de 1949.  Ni hablar del referendo que como mecanismo abierto al público para ejercer control sobre el gobierno ha sido emasculado por los políticos de turno.  La Asamblea Legislativa, el primer poder de la República, no es elegido por el pueblo. Ningún ciudadano puede decir que un diputado específico es su representante en ese organismo como es el caso en democracias modernas como Canadá, Francia o los Estados Unidos.

Cuando se redactó la Constitución había partidos políticos fuertes y estos pusieron sus representantes entre los que escribieron la Carta Magna. Protegieron a los partidos, estableciendo que los candidatos presidenciales tienen que ser postulados por una de estas agrupaciones, y a los ciudadanos les da el derecho de votar por un partido para decidir quien será diputado.  ¡Los candidatos a diputado los pone el partido, no el pueblo!

Peor aún, un diputado elegido por un partido después juramentado y asentado en un curul puede declararse independiente y la Sala IV erróneamente ha dicho que es correcto este comportamiento.

Pero lo más serio y equivocado es que si un ciudadano se reúne con un diputado conocido para cabildear por un techo nuevo en el colegio de su cantón eso ahora se llama “tráfico de influencias” y es ilegal.  En una democracia real, no la existente ahora en el país, para eso están los diputados. Deberían responder a las presiones que emanen de abajo.

Resucitar a los cabildos sería una manera de corregir y abrir espacio para el pueblo.

cdenton@cidgallup.com